Escándalo Negreira: de las irregularidades y pagos extraordinarios por parte del del FC Barcelona.
Ángela Castillo Saiz
Getafe 24/03/2023
La fiscalía de Barcelona se encuentra investigando un pago de 1,4 millones de euros que el FC Barcelona realizó entre los años 2016 y 2018 a la empresa DASNIL 95, perteneciente a José María Enríquez Negreira, que por aquel entonces era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol. El concepto de este traspaso era el asesoramiento técnico, pues el club azulgrana quería asegurarse de que no se tomaban “decisiones arbitrales en su contra y de que todo fuera neutral”, según explica Enríquez Negreira.
La investigación comenzó el pasado año debido a una inspección fiscal a la empresa del ex árbitro, cuya finalidad era hallar la razón de este desembolso. Así, se concretó que los pagos fueron realizados durante el mandato de Josep Maria Bartomeu y terminaron en 2018, justo cuando Enríquez Negreira dejó de ser vicepresidente del Comité de Árbitros. No obstante, Bartomeu ha asegurado que estos informes de pagos ya existían en 2003, por lo que podrían haberse realizado en diversas juntas directivas, como la de Joan Gaspart, Laporta y Sandro Rosell.
"La noticia sorprende y no es casualidad que salga ahora", asegura el club barcelonés.
El club ha lanzado un comunicado en el que admite haber contratado los servicios de un consultor técnico externo que suministraba informes de jugadores de categorías inferiores, y que adicionalmente también aportaba informes sobre el arbitraje profesional, lo que catalogan de ser una práctica común en el fútbol profesional. “La noticia sorprende y no es casualidad que salga ahora”, indicaba el presidente del FC Barcelona. Por su parte, Enríquez Negreira ha asegurado que no hubo trato de favor al equipo culé, pues su trabajo solo consistía en asesorarlos verbalmente.
La información, desvelada en el programa 'Què T'hi Jugues' de la cadena SER, no ha dejado indiferente a nadie y desde el club aseguran que se tomarán medidas legales contra todo aquel que trate de dañar la reputación de la institución.