Los agresores sexuales están viendo sus penas rebajadas gracias a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del «solo sí es sí». Y frente irónica e igualmente aterradora realidad, el Ministerio de Igualdad ha adoptado una muy clara narrativa: los jueces son machistas.
Jon Echeverría Franco
Madrid 07/02/2023
La secretaria de Estado contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam, afirmó primero que "el problema es de interpretación del Código Penal" e instó a los jueces a formarse. "¡Fórmense, señores jueces, fórmense!", ordenaba sin haber siquiera estudiado Derecho. Irene Montero fue más allá, acusando directamente de machismo a los jueces. Y ahora toda la esfera de Podemos repite sin parar su rimbombante término de los "jueces machistas".
Que el problema, a fin de cuentas, no es el intérprete, sino lo que interpreta.
Pero, ¿es esta la explicación más plausible? Hay quienes se atreven a plantear que no. Que los jueces, tras décadas de preparación y ejercicio, saben cómo funciona el Derecho y saben aplicar las leyes. Que lo hacen, aunque estas leyes no les gusten. Y que ya hay mecanismos —como el delito de prevaricación— para evitar el juicio arbitrario de aquellos que no. Que el problema, a fin de cuentas, no es el intérprete, sino lo que interpreta.
Centrémonos en esto último, pues. Bajo el lema de "no es abuso, es violación", el principal cambio que supone la Ley del Solo Sí es Sí es la unificación del delito de abuso sexual y de agresión sexual en uno único de agresión sexual. Hasta aquí no habría problema. Pero es que la ley estrella de Irene Montero supone otro gran cambio: la horquilla de penas por agresión sexual sin penetración pasa de entre 1 y 5 años de prisión a entre 1 y 4, y en el caso de que haya penetración pasa de entre 6 y 12 años a entre 4 y 12. Es decir, se han reducido las penas mínimas al delito de agresión sexual. Así que muchos de los condenados, basándose en el principio de retroactividad de las normas penales favorables al reo recogido en el artículo 2º del Código Penal, han solicitado la revisión de su condena, teniendo los jueces en algunos casos que aceptar y rebajarles las penas. Esto es lo que realmente hay detrás del mediático fenómeno de la reducción de condenas.
Ahora nos planteamos si se podría haber evitado de alguna manera. Y resulta que sí. [...] Pero Irene Montero y su pandilla lo desconocían.
Por tanto, si la tesis de que todo es un complot de los jueces contra el Ministerio de Igualdad y contra las mujeres contaba desde su proposición con escasa solidez argumental, es difícil imaginarse la que le queda ahora. Y si algo le quedaba, termina de desaparecer cuando recordamos que el Consejo General del Poder Judicial, los mandamases de la «justicia machista» a la que achacan el problema, ya avisó de que este fenómeno se podía dar antes de que se aprobase la ley. Pero entonces eran "bulos machistas".
Ahora nos planteamos si se podría haber evitado de alguna manera. Y resulta que sí. Bastaba con añadir una disposición transitoria, exactamente al igual que se hizo en las reformas del Código Penal de 1995, 2010 y 2015. Esta decía que "en las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este Código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo CP". Pero Irene Montero y su pandilla lo desconocían. Su suprema incompetencia ha quedado expuesta y luchan ahora desesperadamente por ocultarla. Porque no se trata de jueces machistas, bulos machistas, o justicia machista, sino de nuestro Ministerio de Igualdad —este sí— muy pero que muy feminista.