Las medidas antiabortistas anunciadas por la Junta de Castilla y León han suscitado ferocísimas críticas.
Jon Echeverría Franco
Madrid 06/02/2023
Quieren obligar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo a escuchar el latido del conjunto de células que ocupa su útero, así como a contemplar una ecografía 4D del mismo. El despiadado ataque contra los derechos de las mujeres que la ultraderecha amenaza con perpetrar es de profunda gravedad y exige una respuesta contundente. O ese es el relato que construye parte de la clase política aupada en las instituciones que controla. Un relato, por cierto, falso. Veamos por qué.
A pesar del ruido mediante el que se intenta distorsionar la verdad, lo único que se ha acordado es la ampliación de las prestaciones médicas a las mujeres gestantes.
El comunicado que ha emitido la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico en el que se basan los productores de este nuevo espectáculo comprende cuatro medidas: garantizar asistencia psicológica a las mujeres embarazadas que la precisen, introducir dos ecografías adicionales para monitorizar la frecuencia cardíaca (y detectar así, posibles anomalías que repercutan en el bienestar fetal), la inclusión de la tecnología 4D para la detección precoz de cardiopatías congénitas y el compromiso por el respeto al derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario. La única referencia a las mujeres que han optado por abortar se realiza en la cuarta medida, con el fin de blindar su derecho a recibir atención médica tanto antes como después de la intervención.
Estos son los hechos y seguramente, a tu sesgo de confirmación no le gusten. Es por eso que buscarás decididamente el comunicado al que me remito para comprobar que efectivamente, el Gobierno, El País y elDiario.es no te están mintiendo, pero llegarás a la decepcionante conclusión de que sí. De que a pesar del ruido mediante el que se intenta distorsionar la verdad, lo único que se ha acordado es la ampliación de las prestaciones médicas a las mujeres gestantes. Así lo ha manifestado quien es realmente competente en la materia: el Consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP). Ha declarado que no se va a obligar a los médicos a ofrecer las ecografías a las mujeres que manifiesten su derecho a abortar, sino que se implantarán en el protocolo de atención al embarazo para que el personal sanitario decida sobre la conveniencia de su realización en base a criterios médicos como la peligrosidad del embarazo (en ningún caso para que la madre simplemente pueda ver el rostro del feto). El problema es que el vicepresidente, Juan García-Gallardo, no tiene ni idea sobre el contenido del acuerdo que su formación política ha efectuado. En la rueda de prensa celebrada tras el consejo de Gobierno del 12 de enero, azuza a su electorado hablando de medidas “provida”, salvar niños y obligar al personal sanitario a ofrecer ecografías a toda mujer embarazada que se presente en la clínica. Todo esto, mientras reconoce que “no sabe mucho de embarazos” y utiliza sin pudor el texto del acuerdo a modo de chuleta para responder preguntas que no se sabe.
Es posible, sin embargo, que esto no haya bastado para convencerte de que te están engañando. Puede que sigas defendiendo que se restringen los derechos de las mujeres argumentando, por ejemplo, que la segunda autoridad del Gobierno autonómico está afirmando que se ofrecerá a las mujeres unas ecografías independientemente de su voluntad de interrumpir el embarazo, lo que constituiría una especie de coacción psicológica que las disuadiría de abortar. Pues bien, me he guardado un delicioso dato para ti: el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo:
Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la embarazada, siempre que concurran los requisitos siguientes:
a) Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, en los términos que se establecen en los apartados 2 y 4 del artťculo 17 de esta Ley.
b) Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la información mencionada en el párrafo anteriory la realización de la intervención.
Sí, redactada por el ejecutivo socialista de Zapatero, vigente desde hace más de 10 años y glorifcada como el mayor avance feminista hasta la fecha, esta ley establece exactamente lo que hoy el Gobierno de coalición describe como socavar los derechos de las mujeres. ¿Cómo nadie se había dado cuenta? ¿Debería el gobierno autoaplicarse el artículo 155 de la Constitución (como coquetea con hacer en Castilla y León)? ¿Le importaría siquiera que esto carezca de sentido jurídico? No lo sé. Pero lo que sí sé es que el cinismo de parte de la clase política y de la prensa es extremo. Y que es vital que seamos un poco más críticos con las soflamas a las que nos exponen a diario.